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Medidas anticrisis en materia de vivienda libre ante situaciones de desempleo sobrevenido

Ene 19

En el marco del trabajo para asegurar el acceso a la vivienda y mantenimiento del acceso a la misma, el Departamento de Vivienda se plantea, como novedad y ante las dificultades económicas y financieras actuales, poner en marcha diferentes medidas de apoyo en esta materia, dirigidas a las personas que, habiendo accedido a una vivienda caen en situación de desempleo.

Se trata, fundamentalmente de tres nuevas medidas dirigidas al colectivo de personas en situación de desempleo sobrevenido por efecto de la crisis –reducciones de plantilla, Expedientes de Regulación de Empleo, despidos colectivos y cualquier amortización de puestos de trabajo por causas económicas derivadas de la actual coyuntura.

Para poder acogerse a estas medidas, la persona afectada – propietaria o inquilina- deberá acumulativamente 1) encontrarse en situación de desempleo al menos durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud de estas medidas, 2) ocupar la vivienda sobre la que se solicita actuar como destinada a vivienda habitual, 3) carecer de otra vivienda en propiedad y 4) contar con unos ingresos inferiores a 22.000 euros durante los últimos doce meses:

1. RECOMPRA DE VIVIENDA LIBRE, TRANSFORMACIÓN EN VIVIENDA PROTEGIDA Y MANTENIMIENTO DE LOS EX-PROPIETARIOS COMO INQUILINOS CON OPCIÓN DE COMPRA.

Para ello es necesario que se den las siguientes circunstancias:

• Que tanto el precio escriturado de compra de la vivienda y como el principal del préstamo hipotecario sobre el que se va a actuar sea inferior a 275.000 euros.

• Que el propietario de la vivienda – el hipotecado – acepte convertir su vivienda en vivienda protegida de precio tasado autonómico con régimen de calificación permanente.

• Que la entidad financiera acepte una quita mínima de un 20% sobre el saldo pendiente de amortización y al mismo tiempo renuncie al resto de la deuda pendiente y cualesquiera comisiones por cancelación de la hipoteca.

Cumplidas estas tres condiciones, el Departamento de Vivienda accedería a la compra de la vivienda a precio de vivienda protegida de precio tasado -en lo que afecta al hipotecado – y cancelaría al mismo tiempo la hipoteca – en lo que afecta a la entidad financiera –. Tras su conversión en vivienda protegida, el Gobierno Vasco alquilaría la misma a su ex-propietario, fijando la renta según la orden vigente de precios máximos de vivienda protegida. El Gobierno Vasco abona a la entidad financiera el 80% del saldo pendiente de amortización. El resto, hasta los 220.000 euros, se le abona al propietario, por fases y con una parte descontada para pago del alquiler.

La adjudicación de la vivienda se realiza en alquiler con opción a compra ejecutable en cualquier momento y por el precio máximo actualizado vigente de la vivienda protegida. El 30% de las cantidades abonadas en concepto de renta a lo largo de la vigencia del contrato de alquiler serán deducidas como anticipo a cuenta del precio de venta final.

La medida es también de aplicación a la VPO, con la diferencia de que la oferta de compra es por el total de su precio oficial y que al propietario que incurre en situación de desempleo se le ofrecerá otra vivienda en alquiler social.

Para acogerse a la medida de compra, las personas interesadas en ofrecer en venta su vivienda al gobierno vasco (y que se encuentren en la situación descrita) podrán acudir a su entidad bancaria para consultar la adecuación individualizada de su situación a los requisitos establecidos por el programa. Una vez tengan el consentimiento de su entidad bancaria por escrito, la oferta de venta se deberá realizar a través de la Sociedad Pública de Gestión de Alquiler (BIZIGUNE).

La vigencia de esta medida será de 2 años -2009 y 2010-. No precisa de regulación normativa, por lo que es una medida aplicable con carácter inmediato. No obstante, el Departamento de Vivienda ha anunciado un plazo de 15 días para elaborar un protocolo de actuación detallado con las entidades bancarias.

2. RECOMPRA DE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL Y MANTENIMIENTO DE LOS EX-PROPIETARIOS COMO INQUILINOS

De manera complementaria a la medida anterior, y buscando ayudar a todos los titulares de una vivienda protegida, con independencia de su fecha de adquisición, el Departamento ha resuelto recomprar su vivienda protegida a aquellos titulares que por haber ingresado en el desempleo no pueden hacer frente al pago de su hipoteca y ofrecerles la posibilidad de convertirse en inquilinos del parque vivienda protegida de alquiler.

Esta medida se desarrollará durante los años 2009 y 2010. Las viviendas adquiridas se volverán a introducir en el mercado y serán adjudicadas a personas en lista de espera.

3. REDUCCIÓN DE RENTA EN EL ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE Y GARANTÍA DE COBRO AL ARRENDADOR

Esta medida plantea ofrecer a arrendadores de vivienda libre, que actualmente cuenten con un inquilino en situación de desempleo, el cobro garantizado del pago de las rentas y la devolución de la vivienda en el mismo estado en que se encontraba en el momento de acogerse a esta medida, si acepta una reducción mínima de un 30% sobre la renta actual.

A su vez, al inquilino se le subvencionará la renta a abonar, y pagará un máximo de 450 €. El resto, es decir, la diferencia entre la renta actualizada (con reducción del 30%) y los mencionados 450 €, serán subvencionados por el Departamento de Vivienda.

Asimismo, la renta máxima que viniera cobrando el arrendador hasta la fecha no podrá superar los 1.050 euros mensuales.

En su operativa, esta medida es similar al programa BIZIGUNE, que ha movilizado hacia el alquiler social más de 4.000 viviendas, con la diferencia que esta medida amplía su colectivo de acción hacia viviendas que no se encuentran vacías, sino hacia aquellas que cuentan con inquilinos con dificultades para hacer frente al pago de la renta por haber caído recientemente en el desempleo.

Esta ayuda se concederá por un año y se podrá renovar por un segundo año si vuelve a acreditar las condiciones que motivaron la ayuda inicial.

Por tanto, la renta a pagar por el inquilino será inicialmente de 450 euros durante 12 ó 24 meses como máximo. A partir de ese momento deberá abonar el importe completo de la renta actualizada (la inicial, menos el 30% pactado)

La medida requiere de la elaboración de una Orden normativa, que actualmente se encuentra en fase de borrador y que estará ultimada en el plazo de mes y medio.

CONCLUSIONES

En resumen, se trata de tres nuevas medidas que buscan ayudar al ciudadano que, como consecuencia de la crisis actual se ve en situación de desempleo, no puede hacer frente al esfuerzo que le supone acceder a una vivienda en el mercado libre, garantizándole el acceso a la misma en condiciones o precios bajo protección pública.

Ambas medidas van dirigidas entonces y sobre todo al objetivo de evitar los procesos de ejecución hipotecaria y los desahucios por situaciones sobrevenidas de desempleo y pérdida, por tanto, de capacidad adquisitiva.

En el caso de la compra de vivienda libre, con el consentimiento de todas las partes implicadas (el propietario hipotecado, la entidad financiera hipotecadora y el Gobierno Vasco comprador de la vivienda y liquidador de la hipoteca), se actuaría caso por caso y no se precisa, por tanto, regulación normativa por lo que la medida es aplicable con carácter inmediato, si bien está en redacción un protocolo detallado de colaboración con las entidades.

En el caso del alquiler libre, existe un proyecto de Orden ya redactado que se ultimará en el plazo aproximado de mes y medio y que regulará el procedimiento y los requisitos necesarios para acogerse a estas medidas. Este programa será gestionado por nuestra sociedad pública de alquiler/Bizigune.

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ha explicado que se trata de una medida que “requiere de la implicación de todas las partes” y ha instado a las entidades financieras a que acepten las quitas “mediante el sistema habitual que se usa en las quiebras empresariales, pero aplicadas al ciudadano”. “El Gobierno vasco se ha visto obligado a intervenir por la inacción del Gobierno Central, que ha ignorado la necesidad de limitar el endeudamiento de las familias por ley y no ha ofrecido hasta ahora soluciones, sino aplazamiento de deuda con el que los bancos continúan ganando dinero y el ciudadano se ve cada vez más ahogado”. Madrazo ha afirmado que “la banca ha sido la principal culpable de la actual situación económica y ahora debe compensar la actitud irresponsable mantenida en la época de las vacas gordas”.

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